El vicepresidente de AVVPro, la patronal de viviendas turísticas, Nacho Chaves, ha asegurado que no tiene "constancia” de que existan inspecciones de la Gerencia de Urbanismo y de la Consejería de Turismo contra las que denomina “oferta clandestina” de pisos turísticos, asegurando que apoyan al Ayuntamiento en este sentido, aunque señala que hay que hacerlo “de forma correcta”, levantando acta y con expediente de disciplina urbanística para dar de baja la actividad en el Registro de la Junta.
Chaves, que ha sido entrevistado en el magazine Las Siete de 7TV, ha reconocido que el sector tiene “muchos frentes abiertos” y que se comienzan a clarificar algunos aspectos, entre ellos la potestad de las comunidades de vecinos de prohibir las viviendas de uso turístico. “Ya hay garantías jurídicas, si el estatuto lo tiene limitado, no llamas a esa puerta, el propietario tiene herramientas, no tiene que pedir permiso sino que tiene que estar en el estatuto de la comunidad”.
También clarifica “las reglas de juego” la limitación de las nuevas licencias en Sevilla que quiere hacer el Ayuntamiento y que ya cuenta con el apoyo de Vox. “Nos alegra porque se ha politizado”, decía Chaves, que no obstante reconoce que “no nos parece la mejor”, puesto que entiende que ese límite del 10% no se puede aplicar igual al entorno de la Catedral que en el extrarradio o en Alameda o Feria, donde sí ve sentido ese porcentaje. A su juicio, hay que hacer un estudio pormenorizado de cada barrio, con el número de plazas turísticas que se ofertan y las dotaciones que tiene porque el objetivo final “es que el sevillano siga siendo el protagonista”.
Chaves entiende que no hay sobresaturación de viviendas de uso turístico y, aunque reconoce que su sector puede generar residuos, conflictos e influir “un ápice” en el precio de la vivienda, son muchos factores y habría que preguntarse quién quiere vivir en Santa Cruz, sin dotaciones, donde no se puede ir a comprar ni llegar en coche, pero que también está lleno de otros establecimientos hoteleros.
En estos momentos, hay 9.500 viviendas de usos turístico registradas por la Junta en Sevilla capital pero sólo un 52% están activas, es decir, entre 4.500 y 4.700, aunque Chaves considera que con el proceso de limitación y las revisiones del registro, el número final “se ajustará más a la realidad”. Aún así, considera que sí hay capacidad de carga para asumir más VUT porque es una figura alojativa con un público, el 75% familiar, o trabajadores que comparten espacios, pero además alejado del “tieso”, ya que la oferta es de una “calidad altísima”, muy competitiva y con un mercado muy similar al de Marbella, ha defendido.
Tras defender que el pasado año generaron 2.500 empleos directos y el impacto económico fue de 450 millones, el 60% de ellos fuera del alojamiento, ha reconocido que se sienten “absolutamente” demonizados y que les culpan de todo. “Tenemos un problema de masificación turística pero también falta de gestión del éxito”, ha reconocido, pero ha defendido que “habrá otros factores que inciden” en la falta de limpieza o en los problemas de convivencia.
Ha asegurado que el primer requisito para instalar una vivienda turística es “tener valor” y tras ser preguntado por las inspecciones, ha asegurado tajante: “No tengo conocimiento de que haya inspecciones, ni por parte del Ayuntamiento en cuanto a Urbanismo ni por parte de la Junta en cuanto a Turismo”, y lo ha explicado en el hecho de que “cuando irrumpimos” con 9.000 viviendas registradas y 4.000 operando, es un “trabajo importante y los recursos son escasos”.
Sin embargo, lo ha comparado con Barcelona, que estableció una moratoria “y Ada Colau puso a diez personas a por todas las ilegales y ahora todas las apuntadas son las que operan”. Para Chaves, si no se pone a los inspectores a trabajar y se actúa de forma diligente “se hace un daño brutal al destino Sevilla”, que asegura llevan “profesionales”, no empresas ni fondos de inversión, que a su juicio no se interesan por un sector en plena regulación.
“Apoyamos al Ayuntamiento para trabajar contra la oferta clandestina pero hay que hacerlo de forma correcta, no atacando al sector”, aseguraba Chaves, que entiende que si existe una vivienda en una segunda planta se le debe hacer una inspección, se levanta un acta de disciplina urbanística y cuando se concluya, “se va a la Junta y que se borre del registro”.
Chaves también ha señalado que en el caso de Sevilla, donde ya operan bajo la certificación We Respect, el 15% de las VUT ya cuentan con un dispositivo en el salón que alerta de la superación de los niveles de ruidos y se ha puesto en marcha un servicio de atención al ciudadano para intervenir y mediar entre los vecinos, inspectores y propietarios cuando hay cualquier tipo de conflicto.
