Cuando a comienzos del siglo XIX en muchos países europeos las universidades y centros dedicados a la investigación eran instituciones independientes con financiación más o menos generosa, que disfrutaban del favor de reyes y príncipes, en las españolas se enseñaba retórica, teología y poco más. La universidad española tal y como la conocemos hoy es un invento muy moderno pues surgió con la democracia. Los organismos que han permitido una financiación de la investigación sobre la base del mérito se crearon en el primer gobierno de Felipe González. Aunque diste mucho de ser perfecta, lo que se ha conseguido en la universidad española en poco más de treinta años es impresionante.
Aun así todos en la universidad entendemos que ante una situación de crisis económica sin precedentes se impone la puesta en marcha de recortes presupuestarios en todos los ámbitos, incluido por supuesto el universitario. Pero no es de recibo que desde el Ministerio esos recortes se justifiquen sobre la base de una descalificación general de los miembros de la universidad, profesores y alumnos, y que los ajustes se hagan sin consultar a los miembros de la institución cuyo presupuesto se pretende reajustar, eufemismo que aquí significa más bien “cercenar”.
Pero no todo está permitido para luchar contra semejante atropello. Las universidades públicas no pueden olvidar que están al servicio de la sociedad, y que por ello su primera obligación en épocas de crisis es brindar soluciones y resolver conflictos, no crearlos. Y en la Universidad de Sevilla se ha creado un serio conflicto interno al haberse dado un cierre patronal encubierto decretado por el Rector.
El paro académico acordado por el CADUS para los días 24 de mayo a 7 de junio es consecuencia directa de la aplicación de los artículos 13 y 14 del reglamento general de estudiantes de la US (Acuerdo 3/CU, de 19.03.2009).
Este reglamento general constituyó en su día una clara manifestación de la irresponsable política rectoral de otorgar concesiones al sector C del claustro correspondiente a los estudiantes, para conseguir apoyos electorales. Esta política ya dio origen al escándalo nacional propiciado por la imposibilidad de actuar contra los alumnos que fueran sorprendidos copiando en los exámenes.
La situación ahora es más delicada pues la regulación del paro académico decretado por el Cadus en la Universidad de Sevilla viola el derecho constitucional a trabajar del profesorado y de los alumnos a realizar las actividades académicas. Además, este cierre patronal encubierto desacredita públicamente al profesorado de la Universidad de Sevilla, que se ve señalado injustamente por la opinión pública al estar percibiendo su salario íntegramente sin realizar actividad académica alguna.
Por estas razones, creemos que la Universidad de Sevilla debe utilizar vías distintas al paro académico para expresar su rechazo a las reformas impuestas a las universidades públicas. La comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla, profesores, estudiantes y PAS, debe buscar fórmulas concertadas, entre nosotros y con el resto de las universidades españolas, de rechazo al RD-Ley 14/2012. Esas fórmulas deberían recabar el máximo apoyo al tiempo que deben respetar los derechos individuales de los ciudadanos.
Pedimos al rector su compromiso de dar los pasos necesarios para llevar a cabo la reforma del reglamento general de estudiantes en orden a garantizar el derecho de estudiantes y profesores a realizar las actividades docentes libremente y no verse obligados a secundar un paro académico. Solicitamos al Cadus, apelando a su sentido de la responsabilidad, que no prorrogue el actual paro académico de quince días, habida cuenta de los graves perjuicios académicos que se irrogarán a estudiantes y profesores en caso de que ello suceda.
