El consejo provincial de IU-CA, en el marco de la operación 'Enredadera', tercera fase de la operación 'Madeja', que investiga una red dedicada a conseguir contratos públicos para la empresa Fitonovo a cambio de dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales, ha manifestado este jueves que la citada empresa logró la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), pero dicho contrato fue anulado después de que la compañía reclamase 300.000 euros más al margen del precio ofertado para hacerse con la adjudicación.
En esta tercera fase de la operación, como hemos informado, han sido detenidas 32 personas en 13 provincias de España, entre ellas el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio, destituido como jefe del servicio provincial de Carreteras a cuenta de su arresto; el funcionario ya jubilado de la Diputación Elías Oliver; y Antonio Miguel Ruiz Carmona, exasesor de una de las áreas de gobierno del que fuera primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA). En la causa judicial también figuran como imputados, entre muchos otros, el exasesor del Grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, quien incluso estuvo en prisión, y el exconcejal del PP de Sevilla Joaquín Peña, cesado en su momento como director del área de Medio Ambiente a cuenta de este extremo.
Pues bien, IU-CA ha informado en un comunicado de que en el Ayuntamiento de Marinaleda, gobernado hasta ahora por Juan Manuel Sánchez Gordillo, miembro de la formación, "Fitonovo presentó una oferta para la 'Construcción de Piscina Municipal y cinco Pistas de Padel' a un precio muy inferior al de los competidores, por lo que en un primer momento resultó elegida como adjudicataria de la obra".
No obstante, tras ganar el concurso, Fitonovo "pretendió incrementar sustancialmente el coste en otros 300.000 euros, ofreciendo a cambio obras complementarias" supuestamente "útiles en el futuro". Ante la "rotunda negativa" del Ayuntamiento, según IU-CA, el contrato fue anulado y adjudicado a otra de las empresas concursantes.
"La respuesta del Ayuntamiento fue taxativa en el sentido de que sería totalmente ilegal e ilegítimo permitir a Fitonovo incrementar el presupuesto una vez adjudicado el proyecto, pues supondría un claro agravio comparativo frente al resto de competidores, descartados precisamente por presentar proyectos más caros. Por ello nunca se llegó a pagar nada a Fitonovo".
