La Guardia Civil afirma en sus indagaciones sobre la Operación Madeja, que investiga sobornos de Fitonovo a cambio de contratos públicos, que el jefe de Parques y Jardines de Sevilla pidió a los dueños de la empresa 350.000 euros, de los que una parte irían a ayudar al PP en la campaña electoral.
La petición del funcionario del Ayuntamiento de Sevilla Francisco Amores, que estuvo preso por este caso, se recoge en una conversación que mantuvo en mayo del 2013 con el hijo del dueño de Fitonovo, José Antonio González Baró, que también estuvo en prisión.
La conversación fue grabada por el empresario y la Guardia Civil la encontró en un registro que hizo en Fitonovo, según recoge la Unidad Central Operativa en unas diligencias que remitió a la juez Mercedes Alaya en octubre del 2013, ya con el PP gobernando el Ayuntamiento de Sevilla y sin que hubieran cesado los sobornos, según los agentes.
Tras analizar el diálogo, los investigadores deducen que por parte de los responsables de Parques y Jardines, "identificado en la conversación como "Joaquín" (el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla responde al nombre de Joaquín G. Peña Blanco), parecen existir presiones para que Fitonovo haga contribuciones "para la campaña" por la adjudicación" de un contrato.
Los agentes se refieren a un contrato de 48 millones de euros, del que Fitonovo finalmente obtuvo tres lotes.
"Bueno, pues si tu realmente no tienes ningún tema en este contrato, ¿nos ayudarás para la campaña, no?", dice el funcionario en la conversación, en la que se alude a la "campaña electoral" y en la que el empresario le pide que "deje amarrado" un concurso inminente en el parque de La Corchuela, según la Guardia Civil.
El funcionario, que según la juez cobró comisiones mensuales de 300 euros y luego las aumentó a 600, pidió 350.000 euros para repartirlo con sus técnicos y entregar una parte "para el partido", y también reclamó el arreglo de las ventanas de su casa, precisa la Guardia Civil.
Los agentes concluyen, tras analizar la conversación, que el pago de comisiones no acabó con Domingo Enrique Castaño, que estuvo preso y fue asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, sino que se mantiene en octubre del 2013.
También concluyen que los sobornos son una práctica que "afecta a una multiplicidad de funcionarios" y pudiera extenderse a responsables políticos de Parques y Jardines, "singularmente al delegado del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Joaquín G. Peña Blanco".
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), cesó a Peña en diciembre del 2013, el mismo día en que se descubrió su implicación en la operación Madeja, y el PP ha emitido un comunicado en el que asegura que desconocía las prácticas que mantuvo al margen del Ayuntamiento.
La juez Alaya afirma que Peña intervino para que la empresa de un amigo suyo y Fitonovo lograran siete contratos por más de un millón de euros.
En otra conversación intervenida por la Guardia Civil a Amores en noviembre del 2013, el funcionario aseguraba que tenía documentos guardados en un banco que podrían perjudicar a Zoido.
