La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, retoma esta tarde las declaraciones con cuatro políticas detenidas por los presuntos fraudes en los cursos de formación, lo que hará tras poner esta madrugada en libertad con cargos a otras cuatro exdirectivas de la Junta de Andalucía.
De esta forma, la juez concluirá hoy con las declaraciones de las ocho mujeres detenidas en la operación Barrado, en la que ayer se detuvo a 16 responsables políticos por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Esta tarde pasará a disposición judicial la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, que ayer fue cesada por el Gobierno andaluz tras conocerse su detención.
También está previsto que hoy comparezcan María de la O Ustarán, que dirige el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas (Málaga); y Marina Martín Jiménez, exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.
Además, la previsión es que comparezca ante la juez Francisca Pérez Laborda, exdelegada de la Consejería de Empleo en Almería, y si es posible, hoy se llamaría a otros imputados, han apuntado fuentes judiciales.
Alaya dejó esta madrugada en libertad con cargos a las cuatro dirigentes políticas que comparecieron ante ella tras ser detenidas.
Entre ellas, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara, que se acogió a su derecho a no declarar y para la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de un millón de euros.
Después dejó en libertad a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, acusada de prevaricación y malversación de caudales públicos y que declaró ante la juez tras hacerlo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
También dejó libre a Ana maría Orihuela, ex directora-gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte (Huelva), y a Irene Sabalete, exdelegada de Empleo en Jaén, a la que un audio hecho público ayer atribuía presiones a sus subordinados para que hicieran campaña a favor del PSOE en las elecciones autonómicas de 2012.
Cuando acabe con las ocho mujeres detenidas, la juez llamará a los ocho varones imputados en el caso, entre ellos ex delegados de Empleo y ex directores generales de Formación.
Según fuentes judiciales, a la operación se le ha denominado Barrado en referencia al nombre que recibe un documento contable de la Junta de Andalucía, que anula total o parcialmente el importe consignado en otro documento contable de la misma naturaleza.
