El gobierno local llevará al próximo Pleno el pago de dos sentencias judiciales por actuaciones municipales realizadas durante los mandatos de Monteseirín y Zoido. Forman parte de la pesada herencia, en forma de condenas en contra y de deuda bancaria, que le llega a Espadas y que debe empezar a afrontar ya con cargo a su primer Presupuesto, recién aprobado de forma definitiva el pasado miércoles, 30 de marzo.
Al nuevo alcalde le ha tocado sufrir las consecuencias de un pleito que se arrastra desde el mandato de Zoido con la empresa Detea por la construcción de la comisaría de la Ranilla. La compañía expresó en tiempos su malestar con el entonces gobierno del PP porque pese a haber terminado y entregado los trabajos de la comisaría en octubre del año 2011, el Ayuntamiento no ejecutaba la certificación final ni le liquidaba las cantidades que le reclamaba por los retrasos y paralizaciones que, decía, eran ajenas a su voluntad y achacables plenamente al Consistorio.
Detea y el TSJA
El caso acabó en los juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó cuatro años después al Ayuntamiento a abonar a Detea 1.902.366 euros en concepto de obras ejecutadas y 62.000 euros por la paralización de las mismas durante cinco meses.
A Detea no le quedó más opción que recurrir a la vía judicial, ya que el gobierno de Zoido se había negado a atender sus reclamaciones. Así, en las actas de la Junta de Gobierno del 31 de octubre de 2012 se reflejó el acuerdo desestimatorio de la reclamación de intereses de demora, efectuada el 25 de mayo del mismo año por la entidad mercantil Promoción y Desarrollo de Estructuras y Tecnologías Aplicadas (Prodetea), “conforme a la fundamentación jurídica que se contiene en el presente acuerdo”.
La fundamentación jurídica de los Servicios Municipales no debió ser tan fundada como para convencer al TSJA, que falló en contra de la Corporación el pasado mes de septiembre, ya con Espadas como alcalde. Este ha tenido que esperar a la aprobación definitiva de su primer Presupuesto para saldar la deuda contraída durante el mandato de Zoido.
Los parkings
Más tiempo aún arrastra otra de las sentencias condenatorias al Ayuntamiento en los pleitos con la empresa Iniciativas Aparca, por causa del desastroso Plan de Aparcamientos Municipal que impulsó el gobierno de Monteseirín.
Esta compañía demandó en marzo de 2010 al Ayuntamiento ante la imposibilidad de construir cuatro de los seis estacionamientos subterráneos que le adjudicó debido a que el gobierno municipal, por increíble que pueda parecer, los había proyectado sobre suelos que no eran de su propiedad, sino de personas particulares y sin conocimiento de estas últimas.
Ante tal situación sobrevenida, Iniciativas Aparca no tuvo más remedio que desistir de ejecutar los aparcamientos que tenía concedidos en las barriadas de las Almenas y las Golondrinas y en las avenidas Sánchez Pizjuán y San Lázaro, y demandó al Ayuntamiento, al que exigió daños y perjuicios.
El pasado mes de febrero, el gobierno de Espadas recibió una notificación judicial que incrementa en 233.084 euros el importe a pagar en una de las sentencias contrarias al Consistorio. El fallo inicial le condenaba a pagar 575.894 euros por daños emergentes. Ahora, deberá afrontar el pago de 233.084 euros más por lucro cesante y que aún estaban pendientes de abono.
En total, pues, 2.197.450 euros, que se cargarán al Fondo de Contingencias del Presupuesto de 2016.
