El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios suficientes para juzgar a 45 personas en el marco del caso Madeja o Fitonovo, una empresa cuya dirección creó una infraestructura destinada a "obtener contratos públicos irregulares" a través de sobornos a funcionarios públicos.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario) con el que De la Mata finaliza la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo, el juez señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios.

Propone además juzgar a 45 personas a las que imputa, entre otros, delitos de organización criminal, prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El magistrado señala que la dirección de Fitonovo "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación".

De esta forma crearon "una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

"Las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal", apunta el juez.

Los investigados, a quienes el juez define como organización criminal, desarrollaron su actividad "a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde 1995" y por un amplio ámbito geográfico que se extendía a Sevilla, Córdoba, Valencia, Barcelona, las Islas Canarias y Extremadura, entre otros lugares.

Operaron desde 1995 hasta 2013 por lo que la entrega de comisiones ilegales se prolongó "durante al menos 15 años" y en la trama estuvieron involucrados un "elevado número de funcionarios y autoridades" y afectó a numerosas administraciones de ámbito estatal, autonómico y local.

Para ello, crearon una trama societaria en paralelo a la actividad comercial legal de la empresa Fitonovo con el objetivo de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos y causando un grave daño al interés público.

De esta forma, "pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas" y perjudicaron a las sociedades que pretendían participar legalmente en la contratación pública.

Estas empresas no tenían posibilidad de resultar adjudicatarias al estar "en franca desventaja" por las prácticas corruptas de la trama.

Las acusaciones disponen a partir de ahora de una plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.