El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, ha presidido este lunes la reunión de la Comisión Mixta Provincial de Coordinación de Seguridad Privada, en la que se ha conocido que por parte de la Unidad de Seguridad Privada de Sevilla de la Policía Nacional se realizó a lo largo del año 2018 un total de 536 inspecciones, especialmente en empresas de seguridad, centros de formación y despachos de detectives privados, entre otros establecimientos.
A la reunión presidida por el subdelegado del Gobierno en Sevilla han asistido el comisario de Seguridad Ciudadana, Jesús Esteban de la Morena; el coronel de la Guardia Civil en Sevilla, Fernando Mora Moret, entre otros mandos de ambos cuerpos, además de representantes sindicales, de empresas de seguridad privada, de asociaciones de parques empresariales, de estaciones de servicio, de joyeros, plateros y relojeros, del Colegio de Farmacéuticos y de distintas entidades bancarias o empresariales, según ha informado la Subdelegación.
Con carácter previo, Carlos Toscano ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los datos que indican que las infracciones penales sufrieron un descenso del 4,7 por ciento en Sevilla capital y del 1,4 por ciento en la provincia en 2018 en relación con el año anterior, y recordó que "dentro de que la seguridad es un problema de todos, un factor importante en la lucha contra la criminalidad son también las empresas de seguridad privada".
Durante la Comisión Mixta se ha realizado, por parte del jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla, Domingo Cabrera, un balance del Plan Anual de Inspecciones a empresas, usuarios, servicios, actividades, personal y sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad, que en Sevilla y su provincia ascienden a más de 3.000.
A este respecto, durante el año 2018 se realizaron 536 inspecciones, una parte importante de las mismas centradas en el intrusismo dentro de las empresas de vigilancia privada, lo que aseguró que acarrea un descenso en la calidad del servicio que se debe prestar, especialmente en los polígonos industriales, e instándose además a que los contratos se lleven a cabo con empresas que estén acogidas al Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada.
Otro de los puntos tratados se centró en la necesidad de que los propietarios de distintos establecimientos, como estaciones de servicio, joyerías o farmacias, soliciten la correspondiente autorización administrativa en los casos de nuevas aperturas, ya que se encuentran obligados a contar con medidas de seguridad que deben ser validadas por la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
Durante el año 2018 se realizó además una intensa campaña de inspección en los 55 Centros de Formación de Personal de Seguridad Privada con los que se cuenta en Sevilla y su provincia, con presencia de agentes de la Policía Nacional que realizaron las correspondientes comprobaciones de posesión de las cartillas profesionales entre los profesores.
ADVERTENCIA A LOS AYUNTAMIENTOS
A los miembros de la Comisión Mixta Provincial se les informó igualmente de la creación de la figura del interlocutor policial sanitario, con la intención de que, previo a la creación de un censo de centros sanitarios de la provincia, se ofrezcan charlas al personal sanitario que eviten en lo posible agresiones por parte de los usuarios.
Por último, se abordó la cuestión de los ayuntamientos que contratan a empresas de seguridad privada, fundamentalmente para la vigilancia discontinua de los edificios municipales ante la falta de efectivos de la Policía Local, advirtiéndose por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional de la imposibilidad de que éstos realicen labores que no les corresponden.
