La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación de oficio en la que solicita a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Sevilla con más de 20.000 habitantes y a la Diputación, que informen sobre si tienen "inventariados" los elementos contrarios a las leyes de memoria histórica que aún persistan en las localidades, "con independencia del quien sea el responsable de su eliminación", así como las gestiones "arbitradas" para retirar tales elementos.
Según una resolución del departamento de Maeztu fechada este mes de enero y recogida por Europa Press, durante 2020 la institución ha recibido "quejas referidas a la existencia de elementos en calles y plazas de los distintos municipios de Andalucía", contrarios a las leyes de memoria histórica y democrática.
A tal efecto, rememora la Ley estatal 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; así como la Ley autonómica 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuyo objetivo es la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía.
Y es que aunque la ley autonómica de 2017 determina que "en el plazo máximo de doce meses" a partir de su entrada en vigor "deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 32", referente a "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, en conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 y del franquismo", diferentes entidades memorialistas "han trasladado los incumplimientos de la Ley".
EL CASO DE LOS "EDIFICIOS PRIVADOS"
Dicho artículo 32 de la ley andaluza, según se precisa, también determina que "cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".
Todo ello cuando la citada ley andaluza determina que en caso de que el periodo inicial de un año desde la aplicación de la misma no hubiesen sido retirados tales elementos, "la Consejería competente en materia de memoria democrática incoará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada" de los mismos.
Es por ello que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto "tomar mayor conocimiento en relación a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 2/2017 referido a los elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aún no hayan sido retirados o eliminados en la provincia de Sevilla".
LOS INVENTARIOS
Por ello, pide a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Sevilla con más de 20.000 habitantes, como los de la capital hispalense y Dos Hermanas, por ejemplo, que informan sobre si tienen inventariada "la relación de elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática conforme al contenido del artículo 32 de la Ley 2/2017, con independencia del quien sea el responsable de su eliminación".
También les pide información sobre "las actuaciones y procedimientos arbitrados en los municipios para determinar su eliminación y si tienen previsto el destino de los elementos eliminados o a eliminar", así como si se "ha notificado o requerido a la Consejería competente en la materia, actual Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, apoyo o asesoramiento para tal finalidad".
En el caso de Sevilla capital, recordémoslo, persiste el caso de la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano que conserva la basílica de la Macarena, frente al acuerdo del Ayuntamiento hispalense que solicita que el templo deje de acoger los restos del citado militar a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando.
Las mismas peticiones cursa la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a la Diputación de Sevilla, con relación a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
