Human Right Watch ha alertado este lunes de que la cumbre hispano marroquí prevista para el 26 de marzo en Tánger quiere impulsar "un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular" desde Ceuta y Melilla y advierte de que supone "una violación del derecho español, europeo e internacional".
Así lo ha advertido la investigadora sénior de la organización, Judith Sunderland, quien incide en que "devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección", especialmente "cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes", es "ilegítimo".
HRW entiende que "declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión", que "prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países". En su opinión, "atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada".
En esta línea, recuerda que el propio ministro del Interior "ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves" y "ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la 'línea policial'.
"El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante. España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos", señala Sunderland.
En esta línea, destaca que tanto el derecho internacional como el de la UE prohíben la denominada 'refoulment', es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas.
Por otra parte, se refiere a la muerte el pasado 6 de febrero de 15 migrantes cuando trataban de llegar a nado a la costa ceutí de El Tarajal y advierte de que la instrucción judicial respecto de los cinco cuerpos que fueron recuperados en aguas españolas tiene que ir más allá de determinar dónde se produjeron las muertes.
"Es fundamental que la jueza realice una investigación exhaustiva y diligente sobre la posible responsabilidad penal de los guardias españoles, y que llegue hasta las más altas instancias de la cadena de mando. La investigación debe esclarecer si las acciones de la Guardia Civil incidieron en las muertes, ya sea en aguas españolas o marroquíes", ha reclamado Sunderland.
