Vecinos de un edificio del PAU de Carabanchel han elaborado un calendario en el que se muestran desnudos en protesta por "las subidas desorbitadas del precio del alquiler y presiones para que abandonen sus pisos" por parte del fondo de inversión al que fueron vendidos recientemente sus viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid vendió 1.800 viviendas públicas de 18 promociones a un grupo inmobiliario por 128,5 millones de euros en julio de 2013. Y aunque prometieron que los inquilinos mantendrán las condiciones actuales, el llamado 'fondo buitre' empezó a contactar con los inquilinos próximos a finalizar su contrato de arrendamiento, ofreciéndoles renovaciones a un precio mucho menos económico del que disfrutaban.
Así, nació la Asociación de afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS, que reúne a los agraviados para luchar conjuntamente contra el cambio de condiciones. Pero unos vecinos de la calle Salvador Allende han ido más allá y desde este mes de abril se reunieron para elaborar un calendario de 2015 para visualizar su problemática.
Tras ocho meses, muchas reuniones y el excelente trabajo profesional del fotógrafo Alberto García Herranz han publicado el calendario. Trece fotografías de gran calidad y en blanco y negro de trece inquilinos en sus viviendas, con sus correspondientes unidades familiares.
"Al principio estaban muy nerviosos. Casi ninguno se había hecho fotos desnudos, aunque luego se fueron soltando", ha indicado a Europa Press una de las personas comprometidas con esta causa.
En las instantáneas aparece desde Claudia, con tan sólo tres años, hasta Pilar, que ha pasado de la cincuentena. Y cada uno ha elegido una frase que resume su situación de "desamparo, abandono y cabrero".
La mensaje central 'Sin ropa para no vivir sin casa', se acompaña de otros mensuales como 'Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos', 'Yo me quito la ropa para que a mis sobrinos no les quiten sus derechos', 'Cuando perdemos el miedo, el poder empieza a temblar' o 'El cómplice de la corrupción es nuestra propia indiferencia'.
"La mayoría somos familias mileuristas, que hicimos horas de colas hace diez años para conseguir una casa protegida, y ahora nos quieren echar. Tres de nosotros ya están afectados por una orden de desahucio", ha manifestado una de las afectadas.
En proceso de desahucio porque no han aceptado su nuevo contrato de alquiler, que el sube de media un 40 por ciento a lo largo de tres años.
Así, por ejemplo, una casa de 60 metros cuadrados, en la que se pagaba hasta ahora 480 euros de alquiler, pagaría con el cambio el primer año 528 euros (un 10 por ciento más), el siguiente 782 y el tercer año 1.172 euros. A ello hay que sumarle una subida del 45 por ciento de los gastos de comunidad "sin que ninguno de los servicios comunes haya mejorado".
El cambio de condiciones se produce al cumplirse los diez años de contrato, ya que las primeras promociones de dichos pisos fueron entregadas entre 2003 y 2005. Llegada la fecha, representantes de los inquilinos se han empezado a reunir con los inquilinos para comentarles las subidas. Si no las aceptan, tendrán que irse o si no comenzarán los procesos judiciales de desahucio.
Incluso, en algunos casos, la nueva propiedad se ha negado a renovar dichos alquileres y rechaza los recibos enviados por los inquilinos. "No quieren que determinadas personas, por su perfil activista o político, se queden allí. Es una clara situación de acoso inmobiliario para que los que protestamos nos vayamos y todos pasen por el aro", ha detallado a Europa Press otra de las afectadas.
Éste es el caso de Jimena, la mujer que protagoniza el mes de diciembre del calendario, cuyo único salario mantiene a toda la familia de cuatro miembros. Se le acabó el contrato de alquiler el 6 de agosto y no le ha llegado el correspondiente burofax para poder renovarlo. Paga su cuota mensual, pero desde hace unos meses el banco le devuelve la factura con el concepto de pago indebido.
ULTIMÁTUM Y DESAHUCIOS
Ejemplo parecido es el de Fernando, cuya foto preside el mes de enero. Apura los días de este mes porque el 3 de febrero tiene pendiente el desalojo de su casa. Normalmente, según ha explicado este joven, a cargo de su hija pequeña, ha venido haciendo frente con puntualidad al pago de la renta, si bien y por su situación de desempleo acumuló algunos retrasos ocasionales, que iba solventado mediante fraccionamientos, con la aquiescencia de la EMSV.
Pero a partir de la venta de su casa a Fidere se acabaron las flexibilidades y sin previo aviso le dieron el ultimátum. "Simplemente me citaron me dijeron que una empresa privada tenía mis datos y no me han dejado ninguna opción más que una fecha límite para que recoja mis cosas y me vaya", ha relatado.
Sólo en el PAU de Carabanchel hay 300 familias que viven la misma situación que Fernando, ha explicado Arancha Mejías, presidenta de la Asociación de afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS, quien ha lamentado que el Consistorio de Ana Botella no esté amparando a estos vecinos, "a quienes les cobraban elevados alquileres mientras ahora han vendido sus pisos a fondos buitre a un precio irrisorio".
Y mientras se dirime la querella presentado por la asociación, las familias de este edificio de Carabanchel siguen vendiendo los calendarios a diez euros. En un principio, han sacado una tirada de 500 ejemplares, de los que han vendido ya 'boca a boca' más de 300. Lanzarán una nueva edición en caso de que continúen los pedidos. El dinero recaudado será donado a personas en situación de desahucio y en especial necesidad de Carabanchel.
