Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, fue el pasado 11 de marzo de 2010, sobre las 18,00 horas, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de Motril localizaron tras las investigaciones llevadas a cabo el barco, de nombre 'Wi Wi', en el que navegaban su propietario, el suizo S.G.B., de 66 años y el italiano D.P., de 34.
En la embarcación llevaban ocultos gran cantidad de paquetes que contenían 1,21 toneladas de hachís que hubieran alcanzado el precio de 1,76 millones de euros en el mercado ilícito de la droga. Con el dinero procedente del tráfico de estupefacientes, según considera el fiscal, S.G.B. había financiado la adquisición de la droga y dado "apariencia legal" a las cantidades recibidas a través del abono de diversas facturas en concepto de amarre y reparación del barco 'Wi Wi'.
Además, con ese dinero adquirió su propio barco, por el que abonó 270.000 euros en metálico, y una moto de agua valorada en otros 6.000 euros. No hay "constancia legal" de estas operaciones, puesto que el suizo tenía "nula actividad laboral" desde 2002, fecha desde la que hay constancia de unos gastos por importe de 472.018 euros.
Por otra parte, en el registro de la embarcación interceptada se localizó además diversa documentación personal de los inculpados y de terceras personas, que en algunos casos había sido "burdamente" confeccionada, como una Carta de Identidad de la República de Francia y un permiso de conducir de la República de Italia. Otros dos documentos "habían sido alterados" por los dos procesados, en concreto un permiso de conducir y Carta de Identidad de la República de Italia a nombre de otra persona.
La Fiscalía atribuye por todo lo anterior un delito contra la salud pública y otro continuado de falsedad en documento oficial a los dos acusados, y otro más de blanqueo de capitales a S.G.B. Este último se enfrenta en consecuencia a un total de 11 años y seis meses de cárcel y multa de más de seis millones de euros, y D.P. a 7 años y seis meses y multa de más de cinco millones de euros.
