En el mismo, se condenó al ex alcalde, Juan Carlos Juárez, a inhabilitación en el cargo por contratación irregular, al entender la sentencia de la sección séptima de la Audiencia que se llevaron a cabo “numerosas contrataciones de personal laboral temporal para el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Unas contrataciones en las que además de la categoría profesional del contratado, el área o delegación municipal en que iba a prestar servicios y la duración del contrato, se indicaba el nombre y apellidos de los contratados”.
El equipo de Gobierno se mostró ayer molesto por las críticas recibidas por parte de “algún partido político” en relación a la presentación del ERE, al entender que “las constantes declaraciones realizadas en los últimos años de aumento desproporcionado de la plantilla, de la contratación de familiares, amigos, allegados, afiliados de los anteriores equipos de gobierno del PP, contrasta con el nuevo discurso de no a los despidos y de tomar otras medidas.
Por ello, el equipo de Gobierno ha iniciado el proceso para anular el centenar de contratos, ya que “ningún partido ni sindicato puede enarbolar la bandera en defensa de los puestos de trabajo y contra los despidos en un Ayuntamiento como el de La Línea, donde hasta la Justicia ha dictaminado la ilegalidad de las contrataciones, cuando hay más de 10.000 desempleados”.
Críticas
El sindicato CSIF acusó ayer a la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, de haber efectuado el pago de la nómina del mes de diciembre para que el equipo de Gobierno pudiera cobrar “el mal ganado sueldo íntegro, mientras que los trabajadores vuelven a ser castigados con los descuentos de la huelga con la que ella se solidarizó”.
Además, la acusan de pagar diciembre y no mayo, por ejemplo, al no corresponderle ninguna cantidad de esa mensualidad. El Partido Popular, por su parte, solicitó ayer información sobre los devengos de la alcaldesa para evitar que “dichos rumores puedan llevar a confusiones impropias de gobiernos transparentes”.
