Su presidente, Diego González de la Torre, adelantó ayer que “tengo buenas vibraciones de los contactos que he mantenido con los alcaldes, aunque mañana se tendrán que pronunciar. Soy optimista y espero que mañana se llegue al acuerdo, porque eso fue lo que quedamos en el Consejo anterior”.
De lo que se trata es de establecer una fórmula de pagos por parte de los ayuntamientos que permita desbloquear la situación de colapso financiero por la que atraviesa la institución.
Financiación
El problema tiene el origen histórico del impago de los ayuntamientos de sus cuotas estatutarias al ente. Ello ha ido acumulando una deuda de alrededor de ocho millones de euros. Sin embargo, “esa cantidad, Mancomunidad la da ya por perdida, porque reclamarlo ahora sería imposible”, señala De la Torre.
Frente a ello, lo que se buscará es un sistema adecuado de financiación. Para ello, se va a establecer un sistema de pago de la deuda que los ayuntamientos mantienen por la prestación de servicios, y que oscila en torno a los dos millones de euros.
Se trata de una deuda irregular, ya que cada uno pagó una cantidad en su momento, y no todos deben lo mismo, y que abonarán ahora con un sistema refinanciado a diez años.
A ello, se sumará el canon estatutario, que los alcaldes se han comprometido a abonar a partir de ahora, y que se ha fijado, según su origen histórico, según el volumen de población y el presupuesto de cada municipio.
Con ello, según explica el presidente del ente comarcal, “la Mancomunidad es viable”. Esa deuda de dos millones de euros es la que provocó que Mancomunidad, a su vez, contrajera una deuda con la Seguridad Social que provocó el bloqueo de las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía para programas, la mayoría ya realizados, de empleo y asuntos sociales.
El acuerdo hoy de los alcaldes supondría desbloquear esta situación y relajar la presión financiera de Mancomunidad. Sólo queda consensuar el modelo, ya que algunos alcaldes, como el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, han manifestado su preferencia por un modelo mixto de financiación que incluya, además, la facturación de Arcgisa en cada municipio para fijar el canon estatutario.
