La Junta de Andalucía lamenta que el Ministerio de Defensa no aceptara la propuesta que se había hecho para poder llevar a cabo la ampliación del convenio del Hospital de San Carlos que permitiría a partir de 2014 que la ciudad de San Fernando contara con nuevos servicios en estas instalaciones, como atención a cuidados críticos y urgencias, una unidad de hospitalización polivalente para cortas estancias; la atención a pacientes pluripatológicos en gases de agudización de sus patologías; una unidad para atención a pacientes paliativos, oncológicos y no oncológicos; y una unidad de lesionados medulares.
Frente a esto, el Ministerio ha remitido a la Administración andaluza una contrapropuesta que resulta del todo inasumible, al pretender imputar a las arcas de Andalucía, no sólo una actividad con un precio duplicado (sobre la propuesta base sin saber a qué obedecen estos cálculos), sino el mantenimiento y obras de mejora de las instalaciones, un extremo que, según el propio convenio que se pretende ampliar corresponde a la entidad propietaria del inmueble y que es el Ministerio de Defensa.
Imposibilidad de asumir la propuesta
De esta manera, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha trasladado al Ministerio de Defensa la imposibilidad de asumir la propuesta que habían remitido recientemente y en la que pretenden mantener la titularidad de la infraestructura pero repercutiendo a la Administración andaluza costes nunca recogidos en el actual convenio ni en una posible ampliación del mismo.
La Administración andaluza ya presentó meses atrás a Defensa la posibilidad que tiene de ampliar el convenio vigente para el uso compartido del Hospital de San Carlos, propuesta que incluía un estudio riguroso de costes de toda la nueva actividad que podría incluirse en la cartera de servicios del centro y que suponía una aportación de 11 millones de euros por parte del Gobierno autonómico. Tras estudiar minuciosamente la contrapropuesta recibida por Defensa y en la que se eleva esta cantidad a 27 millones, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha dirigido una carta al Ministerio en la que advierte de que “no parece procedente que los costes derivados del uso una infraestructura repercutan sobre quién desarrolla la actividad asistencial”, puesto que Defensa pretende que la Junta realice todas las obras de mantenimiento cuando en el convenio que ya existe entre ambas administraciones y que se ampliaría si existiera un acuerdo, está meridianamente claro que esto le corresponde a la entidad dueña de las instalaciones.
En este sentido, la Consejería, a través del convenio y su previsible ampliación, ha propuesto asumir los costes derivados del incremento, tanto de actividad como de la cartera de servicios, pero nunca aquellos derivados del equipamiento y reformas, competencia de Defensa.
Además, el Ministerio ha incrementado en un 49 por ciento los costes de ampliación de actividad y procedimientos a asumir en el centro propuestos por la Consejería, atribuyendo el aumento a “expertos de Sanidad Militar” y sin explicar qué criterios se han utilizado, limitándose a estimar en números redondos y siempre al alza los de la Junta. En concreto, Defensa pide 5,5 millones para remodelaciones, renovación de equipamiento, así como para personal, todo ello de su exclusiva competencia, además de elevar en 21,6 millones los 11 propuestos por Salud y Bienestar Social en materia de asistencia sanitaria.
Por todo ello, Montero ha solicitado al Ministerio que se respete la propuesta y reitera “la voluntad de poder llegar a un acuerdo, tal y como siempre le he expresado”. La Consejería considera que en esta época, más que nunca, los esfuerzos hay que compartirlos y ése es el espíritu de la propuesta de ampliación del convenio que se ha presentado al Ministerio: contribuir ambas administraciones al funcionamiento de las estructuras.
La Administración andaluza no sólo trabaja en el mantenimiento del actual centro, sino en la ampliación de éste con nuevas especialidades y servicios a partir de 2014. Concretamente, se propone un incremento del 60,4 por ciento en consultas externas, del 57,1 por ciento en pruebas diagnósticas y del 28 por ciento en cirugía mayor ambulatoria; se incluyen nuevos servicios a disposición de los ciudadanos como atención a cuidados críticos y urgencias, una unidad de hospitalización polivalente para cortas estancias; la atención a pacientes pluripatológicos en gases de agudización de sus patologías; una unidad para atención a pacientes paliativos, oncológicos y no oncológicos; y una unidad de lesionados medulares.
El interés de la Junta de Andalucía por esta infraestructura y el compromiso con la ciudadanía está fuera de toda duda, una vez que en 2005 firmó el actual convenio, que ha permitido mejorar la accesibilidad de los usuarios adscritos, evitando que los habitantes de San Fernando se desplacen a otros centros.
No obstante, la contrapropuesta dirigida por el Ministerio de Defensa a la Consejería de Salud y Bienestar Social no es asumible, ya que presupone una disponibilidad presupuestaria de la que difícilmente dispone, en la actualidad, cualquier comunidad autónoma; dicta una serie de exigencias de su competencia sin que le repercuta económicamente; y eleva la generosa propuesta de la Junta, dados los tiempos que corren, sin explicación y con un criterio errático.
