La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, ha destinado en los primeros meses del año 2,4 millones de euros a familias sin recursos de la provincia y lo hace a través del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, conocido como Salario Social, que permite actualmente a 5.726 familias percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses.
Estos datos han sido presentados este jueves por los delegados territoriales de Gobierno y de Salud y Bienestar Social en Málaga, José Luis Ruiz Espejo y Daniel Pérez, respectivamente, en un balance del Programa de Solidaridad cuya última Comisión de Valoración, integrada por miembros de los sindicatos, empresariado y diversas áreas de la Junta de Andalucía, se celebró el 5 de marzo.
En dicha reunión se aprobaron los expedientes correspondientes a los próximos seis meses, que suponen ayudas económicas a un total de 882 familias nuevas, a los que hay que sumar los 3.412 expedientes aprobados en la primera comisión del presente año, así como los 1.432 expedientes aprobados en la última comisión del pasado año 2012 y que tienen continuidad en el presente 2013.
El responsable de Bienestar Social ha destacado "el gran esfuerzo y compromiso del Gobierno andaluz, en momentos de crisis, por mantener políticas sociales con ayudas a las que actualmente cada vez más acceden familias normalizadas que se han quedado en desempleo" y ha asegurado que se ha producido un cambio en el perfil de las personas solicitantes del programa, que en sus inicios se destinaba a familias en riesgo o situación de exclusión social.
Pérez ha incidido en el incremento del 12 por cierto del presupuesto destinado a sufragar estas ayudas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos y que en el presente año alcanzará los 70 millones de euros en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Desde la administración andaluza han recordado que el Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación económica destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas.
La cuantía será equivalente al 62 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual, para personas individuales, más un complemento del ocho por ciento del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de seis meses no prorrogables.
Según ha informado Pérez, periódicamente se mantiene contacto con los directores de centros de Servicios Sociales Comunitarios de la provincia y los coordinadores del programa de Salario Social, en la que se establecen los criterios de urgencia social que llevan a las administraciones a agilizar los procedimientos para hacer efectivas estas ayudas.
Así, ha puesto como ejemplo la posibilidad de desahucio de la vivienda por el impago de varios meses de alquiler o préstamo hipotecario con apercibimiento de la entidad bancaria correspondiente; existencia de problemas graves de salud de la persona que sustente la unidad familiar; situaciones de realojo de urgencia; familias monoparentales que tengan la posibilidad real de insertarse, personas sin hogar.
En estos casos, la resolución del expediente se hace de manera casi inmediata, ha dicho. En el transcurso de la reunión de la comisión de valoración también ha sido presentada la memoria anual del programa, correspondiente a 2012. En ella se detalla el número de familias beneficiarias, 5.392 unidades familiares para cuya atención se destinó un presupuesto de 12,19 millones de euros.
