La comisión liquidadora del extinto consorcio provincial de residuos sólidos urbanos Resur ha celebrado este jueves su primera reunión bajo la presidencia del vicepresidente segundo y diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Granada, José Robles, que ha anunciado que se va a acoger al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno para descontar más de 14 millones de euros a la deuda que con esta entidad mantienen los municipios de la provincia, casi un 66 por ciento del total de lo acumulado por la "mala gestión de los gobiernos socialistas en la Diputación".
Con esta medida, los ayuntamientos deudores van a pagar en función de la deuda que tienen y no en función de la participación en el consorcio. "Hemos desmontado la mentira de los dirigentes socialistas cuando dicen que la deuda de los ayuntamientos deudores iba a ser pagada entre todos los ayuntamientos", ha especificado José Robles, que ha recordado que "el PSOE ha puesto muchos obstáculos en los últimos meses para evitar solucionar un problema que provocó en sus últimos mandatos en la Diputación".
Con la disolución del consorcio y la asunción de competencias por parte de la institución provincial en la gestión de los residuos de la provincia, el equipo de gobierno, del PP, sostiene que ha puesto las bases para que se pueda cobrar la deuda acumulada por los municipios y, por ende, con la empresa FCC que habría terminado ascendiendo a 40 millones de euros más 15 millones por desequilibrios financieros antes de final de año.
"El plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central se demuestra una vez más como una herramienta a disposición de las instituciones locales para su saneamiento y, en definitiva, la mejora de la economía de los municipios", ha reseñado el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial.
La reunión de la comisión liquidadora ha conocido la firma de los acuerdos para el pago de sus respectivas deudas con los ayuntamientos de Granada y Motril, "sin que hasta la fecha se hayan podido firmar acuerdos con los ayuntamientos deudores donde gobierna el PSOE" como son Armilla, Atarfe, Íllora, Salobreña y Láchar pese a que esta formación política se comprometió, según ha destacado Robles, "a traer una propuesta de convenio para afrontar estas deudas".
La comisión se ha opuesto al recurso presentado por el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), al acuerdo de Resur para que se cobrara a la localidad metropolitana la deuda por tratamiento de residuos reteniendo sus ingresos de la Junta de Andalucía. José Robles se ha preguntado a este respecto "cómo es posible que el que fuera viceportavoz socialista en la Diputación sea ahora tan beligerante con el pago de una deuda que se comprometió a abonar".
Asimismo, la comisión liquidadora ha acordado poner en marcha las medidas pertinentes para oponerse al pago de la deuda de 15 millones de euros que, en virtud de un acuerdo firmado en el anterior mandato, la Diputación tendría que pagar, a tres millones al año, como consecuencia del conflicto judicial entre FCC y sus propios trabajadores.
En este contexto, el vicepresidente segundo ha pedido "colaboración por el futuro de nuestros municipios" a los dirigentes provinciales del PSOE que, según ha recordado, "dijeron a los vecinos que la basura se iba a cobrar dos veces a sabiendas de que faltaban a la verdad". La media de la tasa por el tratamiento de residuos que pasará a cobrar la Diputación a partir del 1 de julio es de 20 euros anuales por inmueble, de ella estarán exentas las familias con todos sus miembros en paro, y "pagarán más los que más tienen".
