Llega puntual a la cita “para acabar rápido y hacer otra cosa”. Es una prototípica persona inquieta. “Estoy hablando contigo y ya estoy pensando en lo que tengo que hacer luego”. No puede parar de pensar en proyectos porque “siempre me ha gustado meterme en líos”. Tanto es así que ahora, a sus 34 años, va a abrir su propia empresa “y estoy muy contento”. Le queda muy poco para acabar la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y “en cuanto acabe, abriré la asesoría”, cuenta orgulloso este jerezano que, además, es un gran aficionado al fútbol y al tenis de mesa. “Mi vida ha sido siempre luchar. Y el deporte. Me da la vida”, explica Pedro Fernández, para quien la Talidomida no entraba en su vocabulario hasta hace cinco años.
“Yo nunca supe que mi discapacidad se debía a la Talidomida, hasta que un día, por la calle Larga, me paró un señor y me pidió dos minutos: me contó que era un médico de Madrid y me estuvo explicando que mis anomalías se debían a la Talidomida. Y a partir de ahí yo empecé a investigar por mi cuenta”. La madre de Pedro había tomado Talidomida durante su embarazo, como otras muchas mujeres en España y en el resto de Europa, para paliar los síntomas del embarazo. Pero las consecuencias fueron irreversibles.
“Mi padre me contó que tenían en casa el bote de pastillas de Talidomida, pero en ese momento, no tenían posibilidad de acceder a más información y ahí quedó el tema”, aunque ahora, gracias a la asociación de víctimas de la Talidomida, Avite, están siendo asesorados, no solo en la tramitación jurídica de las demandas, sino también por médicos forenses: “gracias a Avite yo tengo un informe realizado por un médico forense que acredita que soy talidomídico”.
Habla así quién reconoce que su lucha y la de todos los afectados no viene motivada “solo por el dinero de la indemnización”. Piden un reconocimiento por parte de la administración como víctimas de una negligencia, y que sean tratados como tal en cuanto a tramitación jurídica de las demandas y también de forma médica. Pedro explica que están viendo pasos decididos por parte de la administración autonómica: “estamos recibiendo mucho apoyo de la administración autonómica. Nos hemos reunidos con la presidenta de la Junta, consejeros y parlamentarios andaluces y ya nos han dicho que trabajan en un proyecto de ley que consistirá en la realización de un censo de afectados por la Talidomida y crearán una unidad médica especializada en hospitales para tratarnos a nosotros de todos los problemas médicos derivados de esta discapacidad”.
Reconoce que “el dinero realmente sí nos facilitaría mucho la vida, porque nos serviría, por ejemplo, para adecuar nuestras casas a nuestras necesidades”. E insiste en que él “jamás dejará de trabajar” porque no le gusta estar “de brazos cruzados” en su casa: “yo no quiero la indemnización para no dar un palo al agua el resto de mi vida, yo voy a seguir saliendo a la calle a buscarme la vida”.
La no sobreprotección ha sido la gran baza de Pedro: “siempre le agradeceré a mis padres que no hayan intentado sobreprotegerme”. Y aconseja a todos los padres que tengan un hijo con alguna discapacidad que “le riñan lo que le tengan que reñir, y que los dejen sufrir y equivocarse, porque del sufrimiento se aprende mucho”. Él, que ha aprendido “a hacerse fuerte” y a no darse por vencido, sabe de lo que habla. “Mis padres siempre me dieron toda la libertad del mundo, del mismo modo que si nunca hubiera tenido ninguna discapacidad, y eso hoy me ayuda mucho”.
Respuesta subsidiaria
“El Estado tiene que responder de forma subsidiaria, porque permitió que en el Estado español se siguiera comercializando una medicación que ya estaba prohibida”. Pedro cuenta que en Granada hay una afectada por la Talidomida que tiene 32 años: “ella y yo somos de los más jóvenes de Andalucía”. Eso significa que, a pesar de que el fármaco de los laboratorios Grünenthal fuera retirado en España en 1963, siguió en circulación, como mínimo hasta 1985.
Ahora la justicia dice que el caso de la Talidomida ha prescrito porque ya han pasado más de 20 años “pero los afectados no hemos prescrito. Seguimos vivos y sufriendo las consecuencias de una mala actuación”.
“Este bendito país no se ha dignado aún a dar una sola indemnización”.
