La vida en las ciudades genera residuos que son gestionados para hacer de estos espacios habitables, y minimizar el impacto de la vida humana en el medio ambiente. No se repara en la importancia de estos servicios hasta que faltan. Pero cuando no se ve de primera mano a dónde van a parar las aguas residuales procedentes de hogares, comercios e industrias, pasan desapercibidos.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) el problema es “patente”. Un expediente iniciado de oficio por la oficina del DPA en mayo de este año, y al que ha tenido ahora acceso Información, revela que hay “informes que ponen de manifiesto los extraordinarios incumplimientos de los compromisos adquiridos en los que está incurriendo la Comunidad Autónoma”.
Los compromisos a los que se refiere el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, son los del objetivo “vertido cero”, que preveía que para 2015 todos los países miembros de la Unión Europea “tenían que alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua”, según indica un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, para lo que se contemplaba la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes a fecha de 2000, y en todos los municipios de entre 15.000 y 2.000 habitantes antes de que finalizara el año 2005.
Ya no se trata solo de depurar las aguas residuales, sino de que estas estén tratadas para reducir al mínimo su toxicidad y disminuir el impacto que puede tener el vertido de estas aguas en ríos y mares.
La provincia, como la inmensa mayoría de demarcaciones provinciales de todo el país, no tenía a punto las infraestructuras necesarias para acometer el objetivo “vertido cero”, por lo que había que construir plantas depuradoras nuevas y adecuar las ya existentes.
Para ello, la Unión Europea proporcionó fondos Feder al Estado español, y este lo hizo llegar a las Comunidades Autónomas para que pusieran en marcha los proyectos de construcción y adecuación de depuradoras antes del 2005. Pero “la gran mayoría de estas infraestructuras no solo no van a estar ejecutadas antes de finales de 2015, sino que ni siquiera está publicada la licitación, e incluso ni redactado el proyecto”, sentencia el expediente del Defensor de Pueblo Andaluz a este respecto.
Y apunta en concreto a las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Sevilla, porque de las demás provincias “no están realizados los informes pormenorizados” de la situación de las plantas de aguas residuales.
Cuando se aprobó la norma rectorada para la actualización de las infraestructuras de saneamiento, se fijó además un nuevo impuesto para financiar las obras. Ese impuesto, que a día de hoy pagan todos los ciudadanos en la factura del agua, se tendría que destinar en teoría a sufragar los costes de unas obras públicas que, como detalla el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, no solo no están terminadas a fecha de 2015, sino que ni siquiera se han iniciado ni existe proyecto, ni licitación de obra ni tansiquiera terreno para la construcción.
Núcleos urbanos, como el de Arcos de la Frontera, necesitarían según el plan “vertido cero” más de una planta de tratamiento de aguas residuales. Por lo que se propuso que se construyera una nueva en Jédula, cuyas obras comenzaron a principios de 2000 y actualmente se encuentra abandonada. Como no se está prestando servicio de depuración de aguas, en la factura del agua, los vecinos de Jédula no pagan la depuración, según documentos facilitados por el Colegios de Ingenieros de Caminos.
Pero no todos los casos son iguales: los vecinos de Tarifa, otro de los municipios sin planta depuradora, pagan en su factura un canon por depuración “injustificado”, porque no están recibiendo dicho servicio, según avala el mismo informe con pruebas documentales.
La estación de depuración de Tarifa, por cierto, obtuvo licitación de obra entre 2008 y 2010, pero las obras no se han iniciado.
Algo similar ocurre en otros municipios de la provincia que, como Trebujena, Benaocaz, San José del Valle y Jédula, carecen de infraestructura de saneamiento.
Delitos urbanísticos
Tanto el expediente del Defensor del Pueblo como en informe del Colegio de Ingenieros de Caminos sostienen que, tanto la Junta de Andalucía como el Estado, serían objeto de importantes sanciones por no cumplir en forma y fecha el objetivo “vertido cero” a pesar de haber recibido fondos europeos para su ejecución, y de haber estado recaudando desde el año 2000 un impuesto para tal propósito.
Y el informe del Colegio de Ingenieros va más allá, porque asegura que “el número de delitos urbanísticos que exisitiría ahora en territorio andaluz sería innumerable, por haberse autorizado la construcción en suelo urbano no consolidado”. Y añaden que esta situación “plantea un problema social muy grave para un importante número de municipios de la provincia de Cádiz”.
El informe de Ingenieros de Caminos advierte de que “las arcas públicas gastarán nuestro dinero en pagar sanciones europeas en vez de invertirlo en las necesarias obras de depuración”. Lo que supone además un importante perjuicio para el Medio Ambiente, según el Defensor del Pueblo.
De todos los núcleos de la provincia, el 61%no depura correctamente sus aguas residuales según los datos del Colegio de Ingenieros, porque tiene instalaciones obsoltas. El 35% efectúa adecuadamente la depuración. Pero el 4% restante no depura, por lo que las infraestrutcuras de la provincia no están en condición de devolver el agua a sus cauces en condiciones óptimas para preservar el medio. Y las que lo hacen, tienen infraestructuras insuficientes para atender a una población creciente.
El 61% de los pueblos no depura correctamente
Según el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, a fecha de 2012 el 61 % de las poblaciones de la provincia depuraba sus aguas residuales sin cumplir la normativa vigente por la que se establece un mínimo de toxicidad de las aguas para que estas puedan ser devueltas a los cauces sin riesgo para el medio ambiente ni la salud pública.
En 2015, y según hizo público la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en mayo, “se están detectando incumplimientos de entidad que hacen prever que no va a ser posible el cumplimiento del objetivo [‘vertido cero’]”, un incumplimiento que “conlleva graves consecuencias de naturaleza ambiental en la medida en la que se van a seguir realizando vertidos urbanos sin depurar en los cauces [...], y se continuará provocando la contaminación de las aguas sin que se facilite la reutilización del agua”.
Solo el 35 % las depura correctamente. El 57 % de los núcleos tiene previstas obras de saneamiento, pero no hay proyecto, el 24 % está en proyecto y el 19 % no tiene actuaciones previstas.
