El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lleva gastados 20.766 euros en abogados privados para defender su posición en los casos de acceso a la información que han llegado a los juzgados porque cuando el litigio es con la Administración o con una empresa del sector público éstos cuentan con el respaldo de la Abogacía del Estado.
Según han informado a Europa Press fuentes del Consejo, este órgano tiene un convenio con la Abogacía del Estado, por el cual le abona 20.000 euros al año para recibir asistencia jurídica y representación en los juicios. El convenio está firmado por dos años (2015 y 2016) pero se renueva automáticamente si ninguna de las dos partes lo denuncia.
El propio convenio reconoce que la Abogacía no prestará asistencia jurídica al Consejo "cuando exista contraposición" entre sus intereses y "los del Estado". En el caso de que el Consejo se enfrente en los tribunales a otras entidades del sector público estatal, el convenio dice que la Abogacía puede tomar distintas opciones en función de cada caso: "Preferentemente" asistir a ambos, designando a un abogado para la parte contraria al Consejo; pero también puede optar por defender sólo a uno de ellos previa consulta con ambos o abstenerse de intervenir en el pleito.
Desde que comenzó su andadura, las resoluciones del Consejo de Transparencia --a raíz de reclamaciones de ciudadanos que no ven satisfechas sus peticiones de información a la Administración-- han acabado en los tribunales en 24 ocasiones.
Catorce de ellos fueron presentados por la Administración o el sector público --empresas como Tragsa, INECO o la Casa de la Moneda, para no desvelar información reclamada por el Consejo a petición ciudadana--. El resto, por particulares que tampoco no estuvieron conformes con las resoluciones del órgano, como el ciudadano que ha recurrido que sólo se haya estimado parcialmente su petición de conocer los pasajeros que han viajado en los aviones del 45 Grupo del Ejército del Aire --el que opera los vuelos de autoridades-- desde 1976.
Sólo en casos como éste, cuando el denunciante es un particular o una asociación -- la Abogacía del Estado defiende al Consejo, mientras que para el resto el órgano tiene que provisionar 1.800 euros por cada litigio.
SÓLO UN 2% DE RECLAMACIONES LLEGAN AL JUZGADO
Aunque el número de litigios es muy pequeño en relación con todas las reclamaciones que ha tramitado el Consejo (apenas un 2 por ciento del total de reclamaciones), las fuentes consultadas admiten que no se esperaban tantos, y han explicado que ya a finales de 2015 tuvieron que buscar rápidamente un bufete para hacer frente a los primeros recursos.
Las fuentes no desvelan el nombre del bufete por motivos de protección de datos y sólo precisan que se eligió la más económica de un total de tres ofertas, después de buscar despachos que estuviesen especializados en contencioso administrativo, puesto que en España no había experiencia en casos de transparencia.
CUATRO CASOS, EN LA AUDIENCIA NACIONAL
De los 24 recursos presentados, ya hay sentencia en un total de seis, pero cuatro de ellos han sido recurridos en apelación ante la Audiencia Nacional. Uno de ellos lo ha recurrido RTVE, mientras en otros tres casos ha sido el propio Consejo quien ha apelado: uno de los casos se refiere a RTVE, otro a la empresa pública Tragsa y un tercero enfrenta al Consejo a la Asociación para la Defensa del Procurador.
Sólo en este último caso la Abogacía del Estado defenderá al Consejo, mientras que en los demás el órgano recurrirá a un catedrático especializado, pagando 3.000 euros por cada apelación. La factura de las apelaciones presentadas hasta ahora están incluidas en el cálculo de 20.766 euros abonados hasta ahora.
Las fuentes consultadas reconocen que si el número de litigios aumenta tendrán que convocar un concurso público para contratar con un despacho de abogados. En cualquier caso, el Consejo subraya que siempre es partidario de no llegar a los tribunales, sino que se llegue a un acuerdo entre las partes.
