Los sueldos de los representantes municipales en San Roque son públicos y por muchos conocidos. Sin embargo, la Asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA) ha hecho una valoración, tirando de hemeroteca, y se plantea una pregunta: “¿Acaso quieren convencernos los políticos que en estos años de crisis se han permitido cobrar menos que antes?”.
Según explican, “el gasto en cargos públicos y de confianza en los años 2008 y 2011 (aprobado por los mismos partidos que hoy gobiernan) fue de 766.650 euros (con el actual alcalde como edil de Hacienda), y 394.137 euros . ¿Cuáles eran las diferencias? Pues evidentemente se ha reducido drásticamente la cantidad total, pero tanto por el coste por cargo como por el número de personas que se han ‘colado’ en esta aprobación. Si antes eran hasta 19 los cargos cuyos salarios se hacían públicos, ahora se reducen a ‘solo’ 11. Pero ojo, eso solo significa que se hacen públicos los salarios de once cargos, no que los demás no estén recolocados en puestos menos transparentes…”.
Los sueldos
Según la documentación oficial aportada por DCA, el sueldo del actual alcalde, Juan Carlos Ruix Boix, desde 2011 es de 54.021’94 euros al año (14 pagas de 3.858’71 euros), cuando en la anterior legislatura, en la que ocupaba el cargo de concejal delegado de Hacienda era de 40.090 euros al año. Es decir, el incremento de su capacidad económica es de 13.931’94 euros anuales.
Su teniente de alcalde, Dolores Marchena Pérez, tiene un sueldo en esta legislatura de 40.587’96 euros al año (2.899’14 euros al mes, en 14 pagas). En el mandato anterior ocupaba el cargo de Asesora de Participación Ciudadana, por el que percibía un salario de 31.545 euros al año, lo que supone un incremento de 9.042’96 euros al año.
En ambos casos, el incremento de la capacidad económica de ambos representantes políticos “se ha incrementado en más de un 20%”, destacan desde DCA, “a pesar de la crisis”.
El concejal del Partido Independiente del Valle de Guadiaro (PIVG), teniente de alcalde y socio de gobierno del PSOE, Juan Roca Quintero, tiene una nómina anual de 40.587’96 euros (2.899’14 euros al mes, en 14 pagas).
Por contra, el portavoz del PIVG y concejal de Hacienda, Jesús Mayoral Mayoral, no cobra del Ayuntamiento, pues tenía al inicio de la legislatura su puesto en la empresa Cepsa. A día de hoy se ha jubilado de la empresa privada, pero ha confirmado a VIVA que continúa sin cobrar del Ayuntamiento sueldo alguno, salvo “algún gasto de gasolina”.
Para DCA “el motivo entendemos que es muy simple: la verdadera labor de un concejal se basa en tomar decisiones, y el trabajo real lo llevan a cabo funcionarios. Por eso si el edil tiene trabajo propio no necesita ser “subvencionado” desde las arcas públicas. No obstante, el partido al que pertenece este edil nos cobra por la ‘colocación’ de su compañero, el tercer Teniente de Alcalde cuya función real se desconoce, más allá de acudir 4 horas un día a la semana a unas oficinas municipales”.
La opinión de DCA
DCA considera que “los ciudadanos no pagamos por un trabajo real de los ediles, sino por la necesidad que éstos tengan de enriquecerse a nuestra costa. Si un Ayuntamiento precisara cierto número de ediles liberados para su funcionamiento… ¿no debería mantenerse en el tiempo?, ¿qué justifica entonces que se repartan nuestros impuestos en función de sus pactos entre partidos?”.
Consideran que en la época de crisis actual, “por mucha necesidad de cobrar un salario que tengan quienes acceden a un cargo público, no es para nada proporcional el sueldo que se les asigna con la labor que realizan.
Por último, DCA señala que “suele ser ficticia” la “reducción” de cargos de confianza. “A poco que se mire aparecen recolocaciones, puertas giratorias, y otras maniobras políticas por las que quienes representan a los ciudadanos de pronto aparecen en cualquier empresa pública o como cargos de confianza, inclusive de otros municipios de similar signo político”.
